Estudiantes de magíster crean modelo de evaluación para mejorar el control corporativo

La máxima nota en su tesis para acceder al grado de magíster en Contabilidad y Auditoría por nuestro Plantel, obtuvieron los estudiantes Felipe Arenas Torres y Simón Cabello Gutiérrez. Los jóvenes presentaron un innovador modelo de evaluación para el mejor control de los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas chilenas. En momentos que diferentes casos de colusión han afectado al mercado nacional, los graduados informaron que inscribirán su creación en el registro de patentes y, luego, lo presentarán oficialmente en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, SVS.

 
Por Ana María Dávila, periodista FAE 
 
La tesis aprobada por la comisión respectiva de la Facultad de Administración y Economía, FAE, se titula “Propuesta de un modelo para evaluar las prácticas de gobiernos corporativos en las Sociedades Anónimas chilenas”, y surgió como aporte antes los numerosos fraudes acontecidos en los últimos años en Chile.
 
Los estudiantes expusieron que esas acciones reflejan que existen deficiencias y debilidades en el actual marco normativo y de autorregulación que poseen las sociedades anónimas abiertas.
 
Así Felipe Arenas y Simón Cabello, ambos contadores públicos y auditores, definieron cuáles son las mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel nacional e internacional y propusieron un modelo que evalúa la existencia y aplicación de eas prácticas en las compañías.
 
“El modelo propuesto permite calificar la estructura de gobierno corporativo que poseen las sociedades que se sometan a la evaluación de acuerdo a las mejores prácticas existentes, no solo a nivel de Chile, sino también considerando los estándares internacionales en torno a la materia”, explica Felipe Arenas.
 
La metodología para aplicar este modelo propuesto consiste en diferenciar la existencia y aplicación de las prácticas, de acuerdo a un cuestionario que permite a la sociedad identificar en qué áreas les falta por avanzar y de acuerdo a ello, en qué aspectos podría mejorar para robustecer su estructura de gobierno.
 
“En caso que el resultado de la evaluación haya sido favorable, le sirve a la compañía para sustentar su compromiso con la gobernanza corporativa. Del mismo modo, le permitirá a la empresa tener un parámetro objetivo para avanzar en las categorías que presentan oportunidades de mejora, pudiendo -si es que así lo desean- divulgar los resultados de la evaluación y el porcentaje de cumplimiento de acuerdo al modelo propuesto”, asegura Simón Cabello.
 
Agrega Cabello que, “al considerar la contribución del modelo propuesto a la labor del regulador, éste sería un avance en la materia, ya que no sólo se evalúa la autorregulación, de acuerdo a la normativa vigente, sino que el cumplimiento efectivo de las mejores prácticas de gobierno corporativo que poseen las sociedades anónimas abiertas”.
 
“A través de buenas prácticas de gobierno corporativo se puede fortalecer la compañía, la economía y contribuir a la estabilidad del mercado, así como también de los fondos de pensiones de cada uno de los cotizantes que son participes indirectamente”, complementa Felipe Arenas.
 
Otra conclusión del trabajo de investigación fue plantear una crítica hacia el marco legal vigente en Chile, “es que todavía no hay legislación que obligue a las compañías a evaluar sus prácticas de gobernanza, como también las prácticas propuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo tanto la autorregulación queda supeditada a la intención de la compañía, entregando la responsabilidad de juzgar al inversionista en el momento de elegir en qué sociedad invertir”, explica Simón Cabello.
 
Luego de haber obtenido la máxima nota en esta tesis de grado para optar por el título de Magíster en Contabilidad y Auditoría, los Arenas y Cabello patentarán el modelo y luego lo presentarán oficialmente a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS), con el objetivo de obtener una certificación que avale el modelo presentado, y les permita ofrecerlo a las compañías que quieran velar por los intereses de sus accionistas de una manera adicional a lo que actualmente exige el ente regulador.