Opinión: "¿Cómo abordar la crisis medioambiental en la nueva Constitución? Una mirada a la experiencia internacional"
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En esta columna de opinión, los autores analizan cómo los procesos constituyentes de Ecuador y España derivaron en la consagración de los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales y los derechos ecológicos en plena crisis medioambiental. ¿Podrían replicarse estas experiencias en Chile? ¿Cuáles serán los principales nudos que deberá desatar la Convención para lograrlo? De acuerdo con uno de los autores, nuestro país dispone de una oportunidad única para “acordar el que debería ser un principio rector de nuestra Constitución: superar el propietarismo y reconocer los derechos de la naturaleza y los ecosistemas, transitar desde los impuestos al trabajo a los impuestos por los recursos extraídos, e instaurar una línea de dignidad como espacio de convergencia entre el subconsumo de muchos y el sobreconsumo de pocos”.
Este artículo presenta ideas expuestas en el Seminario: “Para una política ambiental democrática en Chile: diálogos de conocimientos, saberes y perspectivas”. Seminario Internacional Santiago de Chile – 4 y 5 de marzo de 2021; que se desarrolló en el marco del proyecto de investigación FONDECYT 1181065, (2018-2021). La producción del conocimiento sociotécnico en contextos de evaluación ambiental, cuyo investigador responsable es el Dr. Cristián Parker Gumucio.
La crisis medioambiental, especialmente acentuada por el calentamiento global, no ha sido adecuadamente enfrentada por la política pública durante las últimas décadas en el planeta. Esta afecta de manera diversa a los distintos territorios, pero es igualmente urgente enfrentarla en todos los países (Bárcena y otros, 2020). Dado que todos los/las ciudadanos/as están siendo impactados por sus consecuencias negativas, y debido a que es originada por causales humanas, la participación de todos y todas los/las ciudadanos/as en la búsqueda de soluciones se hace cada día más vital.
Sin embargo, en Chile y América Latina somos testigos de las numerosas barreras y limitaciones que encuentra la participación ciudadana en los procesos ambientales, lo cual muchas veces deriva en abiertos conflictos socioambientales. El impacto negativo de un sistema de producción depredador y extractivista en las condiciones de vida de millones de latinoamericanos ha sido bastante estudiado (FAU, 2016; Gudynas, 2018; Dennemann, 2021). Las urgencias se tornan más relevantes tomando en consideración las consecuencias de la contaminación, el cambio climático, la crisis hídrica, y la pérdida de la biodiversidad.
Los nuevos movimientos sociales surgidos con el siglo XXI en toda América Latina incluyen el medioambiente como una de sus principales banderas de lucha. Así ocurre en Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica y, por cierto, en Chile. En general, las mujeres han sido más afectadas y se han levantado para protestar (Delgado, 2013; Pineda y Moncada, 2018). Siete de cada diez latinoamericanos consideran que hay que darle prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar sus consecuencias negativas en el crecimiento económico, según los resultados del Latinobarómetro 2017. (Latinobarómetro, 2018).
El estallido social ocurrido en Chile en octubre de 2019 fue resultado de un conjunto de insatisfacciones derivadas de sistemas de salud, previsión, educación y vivienda privatizados e inequitativos, y también estuvo gatillado por numerosas reclamaciones territoriales por contaminación, zonas de sacrificio y consecuencias negativas de políticas ambientales mal definidas y peor aplicadas (Parker, 2019, Gonzáles y otros 2021).
El encauzamiento político de la protesta social derivó en un acuerdo para celebrar un plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020, en el cual el 78,3% de los votantes aprobó la redacción de una nueva Constitución para el país. En la elección posterior de la Convención Constituyente, el 15 y 16 de mayo de 2021, con voto paritario y escaños reservados a los pueblos indígenas, la lista de independientes obtuvo un aplastante triunfo (Montes, 2021). Y el medioambiente está entre los principales temas de la agenda de la mayoría de los constituyentes electos.
Para materializar esa urgencia, es necesaria la voluntad política de los diversos actores sociales. Se ha observado que en la evaluación ambiental de los grandes proyectos se originan distintos discursos y lenguajes que obedecen a cosmovisiones diversas, pero que se ubican en relaciones diferentes de poder: unos son hegemónicos, como el discurso de los empresarios, y otros son subordinados, como el discurso ambiental de las comunidades locales. En los escenarios de evaluación ambiental se originan controversias y conflictos porque hay asimetrías de poder y conocimientos (Parker y Pérez, 2019) que se reproducen en discursos ambientales que no dialogan, lo que termina por generar, o no, las voluntades políticas para el cambio.
En algunos países de América Latina hay una experiencia de discusión constituyente y reconocimiento de nuevos paradigmas medioambientales que consideramos importante relevar. Sobre esa base, en esta columna presentamos las ideas de Alberto Acosta, economista, ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador; Antonio Elizalde, sociólogo, Rector Emérito de la Universidad Bolivariana de Chile; y María Paz Aedo, socióloga, Doctora en Educación, profesora invitada en el Doctorado de Artes y Educación de la Universidad de Barcelona, quienes comparten sus reflexiones en relación a las experiencias, desafíos y conocimientos relevantes para enfrentar el debate constituyente actual en nuestro país. Los académicos y la académica recogen experiencias nacionales para reflexionar sobre el proceso chileno e identificar los potenciales nudos y desafíos que caracterizarán el nuevo período que se inicia en Chile.
Continúa leyendo los aportes de Alberto Acosta, Antonio Elizalde y María Paz Aedo en la publicación original de Ciper: https://www.ciperchile.cl/2021/07/30/como-abordar-la-crisis-medioambiental-en-la-nueva-constitucion-una-mirada-a-la-experiencia-internacional/
Imagen: Ciper